Sondra Macollins cuestiona contrato del DAPRE y advierte que la defensa por la Lista Clinton no debe pagarse con recursos públicos

La Lista Clinton no es una sanción contra Colombia

La candidata presidencial Sondra Macollins Garvin Pinto aseguró que la inclusión en la Lista Clinton no recae sobre el Estado colombiano, sino sobre personas naturales, por lo que no existe ninguna sanción internacional financiera contra el país.

En sus declaraciones, Macollins enfatizó que Colombia, como nación, no se encuentra incluida en dicha lista ni enfrenta medidas económicas internacionales, por lo que resulta incorrecto presentar este tema como un problema de carácter nacional.

Un gasto que califica como personal y no público

Macollins cuestionó un contrato atribuido al DAPRE por un valor de 10.000 millones de pesos, destinado a asesorías jurídicas para atender los efectos de la Lista Clinton. Según afirmó, se trata de un absurdo jurídico, ya que el origen del problema no corresponde al Estado, sino a decisiones individuales.

Detalló que el monto estaría distribuido en pagos mensuales durante cuatro meses y recalcó que este tipo de asesorías no deben financiarse con recursos de todos los colombianos.

Experiencia en procesos de reconsideración

La candidata señaló que cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en temas relacionados con la Lista Clinton, tanto en asesorías sobre sus implicaciones nacionales y futuras, como en los complejos procedimientos de reconsideración de sanciones.

Afirmó haber acompañado a numerosas personas en procesos para ejercer sus derechos internacionales sin sanciones y reiteró que su asesoría profesional no tendría ningún costo para la Nación.

Un llamado a hablar con claridad al país

Macollins advirtió que presentar este asunto como una sanción contra Colombia desinforma a la ciudadanía y genera una percepción equivocada sobre la realidad jurídica del país. Recalcó que aceptar de manera automática los efectos de la Lista Clinton se remonta a decisiones adoptadas desde la época del Plan Colombia y que este es un tema que debe tratarse en el plano diplomático, de gobierno a gobierno.

Finalmente, pidió no trasladar a los colombianos una carga económica que no les corresponde y sostuvo que el uso de recursos públicos para este fin no tiene sustento legal.