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Sondra Macollins exige rigor y orden en el sistema penitenciario tras operativos del INPEC

La candidata presidencial Sondra Macollins Garvin Pinto, jurista y defensora de la legalidad, lanzó un llamado firme a que el sistema penitenciario colombiano cumpla sus funciones con disciplina y transparencia, tras los recientes operativos realizados en más de 120 centros de reclusión del país.

En su pronunciamiento, Macollins declaró que la cárcel debe ser únicamente un espacio de cumplimiento de penas, sin lugares donde se privilegiarían fiestas, lujos o actividades que atenten contra el propósito de la justicia, y exigió que las condenas se ejecuten con rigor y responsabilidad para proteger a la sociedad.

Críticas a las condiciones en las cárceles tras operativo nacional

Los operativos de inspección emprendidos por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) se extendieron desde la cárcel La Picota, en Bogotá, a más de 120 establecimientos de reclusión en todo el país, con el objetivo de decomisar objetos ilegales e identificar irregularidades dentro de las celdas.

Durante estas diligencias se hallaron armas improvisadasestupefacientescocaínamarihuanalicorcelulares y otros dispositivos electrónicos que violan las normas de convivencia y seguridad en los penales, lo que prendió las alarmas sobre la necesidad de una supervisión más estricta.

Macollins calificó como inaceptable que elementos que facilitan delitos como extorsión, tráfico de drogas o comunicación ilícita ingresen y circulen al interior de estos lugares, y urgió a que las autoridades penitenciarias fortalezcan los controles y garantías de cumplimiento de las penas.

Llamado a eliminar privilegios y fortalecer el rigor institucional

La candidata manifestó que la sociedad colombiana no puede tolerar situaciones donde las celdas se conviertan en espacios con objetos que vulneran la dignidad del castigo y el propósito de reinserción social. Para Macollins, garantizar que las penas se cumplan “con rigor” es una forma de respeto a las víctimas y al Estado de Derecho.

Su postura fue acompañada de una exigencia explícita de que el INPEC y los entes de control penitenciario asuman con seriedad la responsabilidad de supervisar, sancionar y corregir las dinámicas internas que permiten que desde adentro de las cárceles se continúen llevando a cabo actividades delictivas.

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